La sanidad pública española se enfrenta en 2025 a una de las reformas más importantes de los últimos años: la reclasificación del personal sanitario. Este proceso, impulsado por el Ministerio de Sanidad y negociado con los principales sindicatos, busca adaptar las categorías profesionales a la realidad formativa y funcional del personal que trabaja en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
En este artículo, analizamos en qué consiste la reclasificación sanitaria 2025, a quién afecta, qué cambios están sobre la mesa y cuáles son las principales demandas de los colectivos implicados.
¿Qué es la reclasificación del personal sanitario?
La reclasificación consiste en reorganizar las categorías profesionales dentro de la administración sanitaria, asignando a cada grupo un nivel en función de su formación, competencias y funciones reales.
Hasta ahora, muchos profesionales estaban encuadrados en categorías que no se correspondían con su titulación universitaria o su nivel de responsabilidad. La reclasificación busca corregir este desfase y adecuar las condiciones laborales a la realidad profesional de hoy.
¿Qué dice el nuevo Estatuto Marco?
El Ministerio de Sanidad está trabajando en una actualización del Estatuto Marco del personal estatutario del SNS. Las propuestas más destacadas son:
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Supresión de los subgrupos A1 y A2, unificando categorías por nivel de titulación.
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Reconocimiento profesional de los grados universitarios (como el de Enfermería).
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Adecuación de los técnicos sanitarios a niveles acordes con su función.
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Homogeneización de las condiciones laborales entre comunidades autónomas.
¿Cómo afecta a enfermería?
Las enfermeras y enfermeros pasarían de estar clasificadas en el subgrupo A2 al nuevo grupo A unificado. Esta reclasificación reconoce su titulación universitaria (grado de 240 ECTS) y su rol como profesionales autónomos en la atención sanitaria.
Beneficios esperados:
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Mayor reconocimiento profesional.
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Acceso a concursos de mayor nivel.
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Posible mejora en su escala salarial (aún no garantizada).
Riesgos y reclamaciones:
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Sindicatos como SATSE y CCOO advierten que este cambio puede ser simbólico si no va acompañado de un incremento retributivo real.
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Se exige la equiparación efectiva con el resto de titulaciones universitarias del grupo A1.
¿Qué sucede con los técnicos sanitarios?
Los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), de laboratorio, de imagen para el diagnóstico y otras especialidades también reclaman una reclasificación justa.
Actualmente, muchos están encuadrados en el grupo C2, pese a que su trabajo requiere formación específica y competencias clínicas.
Demandas principales:
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Subida al grupo C1 como mínimo.
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Mejora de sus funciones reconocidas oficialmente.
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Participación en planes formativos y especialización.
Sindicatos como SAE subrayan la necesidad de dar visibilidad al trabajo de los técnicos, especialmente en ámbitos como la Atención Primaria y los cuidados hospitalarios.
Otros puntos de la negociación
Además de la reclasificación de categorías, se están tratando otras cuestiones:
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Reducción de jornada laboral a 35 horas semanales.
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Revisión del sistema de guardias médicas y enfermeras.
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Limitación de incompatibilidades, especialmente para cargos que trabajan en lo público y lo privado a la vez.
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Homologación de condiciones laborales entre las diferentes comunidades autónomas.
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Plan de estabilidad del empleo público, con más plazas estructurales.
¿Cuándo entrará en vigor?
El nuevo Estatuto Marco aún está en fase de negociación con sindicatos como CESM, CSIF, CCOO y UGT. Se espera que el texto definitivo esté aprobado antes de finalizar 2025, pero la aplicación práctica podría extenderse a 2026 en algunas comunidades.
Conclusión
La reclasificación sanitarios 2025 supone una oportunidad histórica para corregir décadas de desequilibrios en la clasificación del personal del Sistema Nacional de Salud. Enfermería, técnicos y otros colectivos sanitarios esperan que este cambio no solo se limite a la nomenclatura, sino que implique mejoras reales en salario, promoción profesional y reconocimiento institucional.
Los próximos meses serán clave para cerrar acuerdos, garantizar la financiación necesaria y asegurar que este avance se traduzca en una sanidad más justa y eficiente para profesionales y pacientes.
